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La Justicia ordenó hacer controles en los vehículos de las apps de cadetería
La Justicia ordenó hacer controles en los vehículos de las apps de cadetería
17-08-2019 21:27:26

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Le indicó a la Municipalidad que aplique las ordenanzas vigentes sobre Rappi, PedidosYa y Glovo, y sobre sus empleados.
"La situación de la actividad real de estas empresas o apps (aplicaciones) no resulta del todo clara, y en parte se debería a un vacío legal en la regulación actual". Así expresa un tramo de los fundamentos del juzgado civil de Rosario que hizo lugar a un amparo del Sindicato Unico de Conductores de Motos de la República Argentina (Sucmra). De este modo, se ordenó a la Municipalidad de Rosario aplicar a las empresas de servicios Rappi, PedidosYa y Glovo las ordenanzas que regulan la cadetería y mensajería, y también la función de sus empleados. La resolución que surgió del juzgado Civil y Comercial Nº 9 de Rosario, a cargo de Gabriel Oscar Abad, se refiere al amparo judicial que presentó hace dos meses el Sucmra contra la Municipalidad, cuyo objetivo era regular la actividad que despliegan los servicios de las aplicaciones móviles. Como ejemplo citaron a las firmas Rappi (Rappi SAS), PedidosYa y Glovo (Kadabra SAS), cuyos cadetes trasladan objetos, productos o servicios requeridos a través de las plataformas virtuales. Para el sindicato, "las firmas trabajan por fuera de la ordenanza 8.026, y advirtieron que el municipio no ejerce control sobre ese reparto en motovehículos". El Sucmra sostuvo que "la inacción del Estado sólo se justificaría en el desconcierto que genera esa nueva modalidad", que en los hechos es una "fuente de competencia desleal, explotación de los trabajadores e inseguridad, peligro en el tránsito, en la manipulación de alimentos y fármacos, y conspira contra bienes sociales y económicos". "Por qué a un cadete en moto se le exige la libreta sanitaria, y no así al llamado rappitendero o glover", advirtió el sindicato, además de exigir que las apps no presten el servicio hasta tanto regularicen la situación conforme a las ordenanza vigente. El juez le corrió traslado a las firmas aludidas y a la Municipalidad. En ese marco, el Ejecutivo local expresó que el amparo se refería a "nuevas modalidades de prestación de servicios en supuestas condiciones de precarización laboral". Y que no correspondía aplicar la ordenanza 8.026, y marcó la diferencia de las aplicaciones "que lo hacen mayoritariamente en bicicletas". Igualmente, los apoderados del municipio admitieron que el servicio "no estaría regulado". Al comparecer en la causa, Rappi cuestionó la legitimación del sindicato para impulsar el amparo, lo tildó de improcedente y solicitó su rechazo. Glovo, en tanto, refirió que no presta servicios de cadetería, mensajería ni manipulación de alimentos a domicilio, y que en su mayoría hace traslados en bicicletas. Con las posiciones encontradas, el juez convocó a una audiencia de conciliación el 27 de junio. Pero las partes solicitaron un cuarto intermedio hasta el 1º de agosto, cuando no llegaron a un acuerdo. El magistrado quedó en condiciones de resolver la controversia y ayer dio a conocer su decisión. Tras acreditar la "verosimilitud" del amparo y legitimar al sindicato como representante de sus afiliados, Abad recalcó "la falta de regulación legal", que encuentra "comprometida la vigencia y aplicación de la ordenanza" en cuestión, y dijo que "resulta palmaria" la obligación de la Municipalidad sobre su cumplimiento. El funcionario describió que "el eventual carácter de prestador particular" con el que se pudiera calificar a los repartidores de las apps, "no los exime del cumplimiento de la normativa". Para sostener ese punto, mencionó el artículo 15 de la ordenanza, donde se refiere a "personas habilitadas a cargo de la conducción de vehículos, cualquiera sea la relación jurídica que las vincule". Asimismo, analizó el artículo 17 donde se distingue entre la situación del "empleado", o un "vehículo contratado con conductor". Ambas disposiciones revelan la intención de "normar la situación de trabajadores y autónomos que conduzcan motos para tareas de reparto, mensajería y cadetería", puntualizó el juez. Tras destacar que las aplicaciones se erigen como "nuevas tendencias" que proponen "soluciones rápidas para el envío de productos", detalló que la actividad "no resulta del todo clara, y que ello en parte se debería a un vacío legal en la regulación". Finalmente, el juez decidió hacer lugar al amparo y ordenó a la Municipalidad que, por medio de la Dirección General de Tránsito y en un plazo de 45 días, se registre y extienda las obleas identificatorias a los vehículos de las apps. Y a las empresas que en cinco días presenten al juzgado un listado con los prestadores o repartidores vinculados a cada aplicación.

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